PAREN, AQUÍ VIVE GENTE (I)

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PAREN, AQUÍ VIVE GENTE (I)

Por: Chema Caballero |

Publicado anteriormente en BLOG “África no es un país” de el periodico El Pais

En 2011, Socfin Agricultural Company Sierra Leone Ltd (Socfin SL) firmó con el gobierno sierraleonés un acuerdo por valor de cien millones de dólares a cambio de 6.500 hectáreas de tierra de cultivo, para plantar árboles de caucho y palmeras de aceite, en el Chiefdom de Malen, en el distrito de Pujehun, en el sur de Sierra Leona. Ahora, la compañía quiere adquirir otras 5.000 he. más en la misma zona. La inversión realizada por esta compañía cuenta con la oposición de la comunidad local. En octubre de 2011, cuarenta personas fueron detenidas en el curso de una protesta pacífica. Esto lo conocemos, principalmente, gracias a la denuncia lanzada por el Oakland Institute en un informe publicado el pasado mes de abril, tras una minuciosa investigación. Las quejas de los agricultores sierraleoneses son las mismas que se escuchan a miles de campesinos en muchas partes del mundo contra la omnipotencia de multinacionales y gobiernos.

Limpiando la selva para plantar palmas de aceite en el Chiefdom de Malen. Foto Alert Net

Socfin Sl es una compañía subsidiaria de la belga Socfin, cuyo principal accionista es Vicent Bolloré, un empresario francés propietario del grupo Bolloré e intimo amigo del ex presidente francés Nicolas Sarkozy (a disposición del cual ponía su avión privado y su yate; parece ser que a cambio de favores en el mundo de los negocios). El acuerdo firmado en Sierra Leona prometía crear puestos de trabajo en la zona, además de la construcción de infraestructura y una compensación justa por las tierras.

Los campesinos del Chiefdom de Malen presentaron al Consejo del Distrito de Pujehun (la máxima autoridad elegida democráticamente de la zona) una lista de agravios, a la que no siguió ninguna acción. Entre ellos se denunciaba que el acuerdo carecía de transparencia, que los ciudadanos no habían sido consultados ni informados de su forzado desplazamiento y ulterior recolocación que conllevaba la operación, la escasa compensación recibida, la corrupción, la presión ejercida sobre los dueños de las tierras y los jefes de las aldeas para que firmaran los contratos que se les presentaban y las duras condiciones de trabajo a las que son obligados los trabajadores de la plantación. También se quejan de la represión a la que se ven sometidos aquellos que se quejan del proyecto, incluyendo el arresto.

Foto Oakland Institute.

El Oakland Institute señala que en este caso, como en tantos otros, no se ha seguido el principio de Consentimiento Libre, Previo y con Información (FPIC en sus siglas en inglés) de los dueños de la tierra. EL FPIC es un principio, internacionalmente reconocido, que debe aplicarse en este tipo de inversiones y que está recogido en las leyes y reglamentos de Sierra Leona.

Socfin ha difundido un comunicado en el que niega todas estas alegaciones, al igual que dice que está implementando los principios y criterios de la Mesa redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO en inglés), los cuales incluyen la transparencia, el cumplimiento de las leyes y reglamentos en vigor, trato adecuado a los empleados, individuos y comunidades, responsabilidad medioambiental y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de la zona. Como siempre, hay razones a favor de una y otra de las partes y personas que defienden la actuación de la compañía, como el Paramount Chief (rey) de Malen y el parlamentario de la zona, que posiblemente son los que más beneficios han sacado del acuerdo.

Viveros  de Socfin en el Chiefdom de Malen. Foto Sierra Express Media.

Parece que la práctica y las políticas implementadas por Socfin en muchos otros países darían la razón a los agricultores. Oakland Institute ha descubierto que esta empresa acumula miles de quejas de campesinos de diversos países en los que tiene negocios, principalmente en plantaciones de aceite de palma. Este grupo opera a través de un entramado de empresas subsidiarias registradas en diversos países de Asia, África, en Europa (Bélgica) y en diferentes paraísos fiscales. Así se llama SOCAPALM en Camerún, LAC en Liberia o Socfin KCD en Camboya.

Por su parte, el grupo Bolloré está presente en 43 países africanos donde controla plantaciones, industrias y servicios, incluyendo navieras, infraestructuras, producción de aceite y, además, posee 13 puertos.

En octubre de 2011, ante la situación de injusticia a la que se creen sometidos, los campesinos del Chiefdom de Malen decidieron lanzar una campaña de protesta y bloquearon las tierras de Socfin. Cuarenta manifestantes, provenientes de las aldeas de Sahn y Semabu fueron arrestados y encarcelados, según denuncia el informe del Oakland Institute.

Eddy Kamara junto a otros agricultores de la aldea de Sahn.Foto de Oakland Institute

Eddy Kamara, residente en la aldea de Sahn, contó a los investigadores del Oakland Institute: “El supervisor de la policía señaló a la gente y entonces nos detuvieron y nos llevaron a Pujehun (la capital del distrito). Una vez en la celda, nos dijeron que nos íbamos a pudrir en prisión”. Después de tres días, 25 de los arrestados fueron puestos en libertad, los otros 15 están acusados de “conducta delictiva, conspiración y uso de amenazas”.

El informe del Oakland Institute hace mucho hincapié en que los campesinos y los dueños de la tierra del Chiefdom de Malen no están contra la inversión en sí. Ellos protestan por la forma en que se ha negociado: de espalda a la comunidad y a sus intereses, lo cual ha resultado en la pérdida de los medios de vida y de los recursos naturales de las comunidades afectadas, además de los bajos salarios y las duras condiciones laborales de los empleados en la plantación.

También pone de manifiesto la gran desigualdad que se percibe en esta lucha: un pequeño grupo de campesinos y dueños de la tierra contra el gobierno de Sierra Leona y sus fuerzas de policía que protegen los intereses de una compañía que es parte de un grupo multinacional gigante.

Sería necesario que los gobiernos occidentales y las organizaciones internacionales exigiesen a sus empresas y a los gobiernos africanos que cumplan estrictamente con los principios básicos, resumidos en el FPIC, como garantía y salvaguardia de los derechos de los campesinos y de las comunidades locales.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En los últimos años, propiciado por la crisis, la tierra se ha convertido en uno de los pocos valores seguros en los que se puede invertir. Por eso, los fondos de inversión han irrumpido en el mercado de alimentos o de los agrocombustibles. Al igual que en el Chiefdom de Malen, por toda África, estados y multinacionales –con el auxilio de los gobiernos locales- se apoderan de inmensas superficies de tierra, de donde expulsan, con la ayuda de la fuerza, a sus habitantes y legítimos propietarios, para establecer grandes plantaciones que tienen como destinatarios a los consumidores occidentales.

Desde hace semanas, Veterinarios sin Fronteras (VSF) está denunciando este tipo de situaciones a través de la campaña Paren, aquí vive gente, a la que dedicaremos la próxima entrada.